Yo le invitaría a usted a que dejase de enredar, los preámbulos de los decretos de oficialización son claros:

https://sede.asturias.es/bopa/2021/10/06/2021-08708.pdf

La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la toponimia, establece que los topónimos de Asturias tendrán la denominación oficial en su forma tradicional, atribuyendo al
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la competencia para determinar los topónimos de la Comunidad Autónoma sin perjuicio de las competencias municipales y estatales y conforme a los procedimientos que reglamentariamente
se determinen en desarrollo de la Ley, previo dictamen de la Junta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias.
El Decreto 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el procedimiento de recuperación y fijación de la toponimia asturiana, determina en sus artículos 1 y 5 que el Consejo de Gobierno, previo dictamen de la Junta Asesora de
Toponimia, determinará mediante Decreto los nombres oficiales de los concejos, sus capitales, parroquias rurales y
núcleos de población que, a partir del momento de la entrada en vigor de dicho Decreto, tendrán la consideración de
denominaciones oficiales.

Pero es que además para justificar estos cambios argumentas que OSM está en RU, como si a una empresa privada le influyese las normas de un país extranjero y cuando OSM tiene unas directrices de etiquetado.

Pero ya la peor parte es enlazar un texto de un autor asturianista y pro oficialidad del asturiano que en el apartado
4.4 EFECTOS JURÍDICOS DE LA OFICIALIZACIÓN DE LOS TOPÓNIMOS
dice que:

• En primer lugar, los topónimos oficializados son los únicos legales a todos los efectos en el territorio asturiano.

En tercer lugar, que de la oficialización de los topónimos se derivan tanto derechos como obligaciones que inciden en el ámbito público como en el privado. El derecho de uso (y, por tanto, de demandar su uso, en especial por las administraciones públicas) y la obligación de usarlos, que se hace más patente en el caso de la Administración del Principado de Asturias, por imposición de la norma estatutaria y la Ley 1/1998, obligación de cumplimiento gradual, pero ineludible.

• En cuarto lugar, en relación con el uso de los topónimos por el sector privado y por los ciudadanos en general, dado su carácter oficial, no se puede invocar el derecho de opción lingüística propio de un sistema de doble oficialidad o de pluralidad lingüística (usos oficiales de varias lenguas, aunque alguna de ellas no tenga el estatuto de oficialidad): esto es, salvo los casos de denominación oficial bilingüe (por ejemplo, Xixón o Gijón), el ciudadano solamente podrá hacer uso de la denominación oficial que es la única legal.

La oficialización también afecta, como no puede ser de otro modo, a la Administración del Estado que tendrá que emplear las denominaciones oficiales en la señalización de las vías de tráfico de su competencia, y en los documentos, permisos, licencias o autorizaciones que expida (permiso de conducir, documento nacional de identidad, pasaporte, etc.).